Si se aprueba la Operación Chamartin, gran cantidad de suelo, hoy propiedad de la empresa pública ADIF, pasará a manos privadas abandonando las necesidades de vecinos y vecinas fomentando un modelo de urbanismo alejado de la sostenibilidad y el urbanismo social y participativo, creando desequilibrio urbano, más desigualdad, congestión y efectos perjudiciales en los barrios del entorno.
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